Control laboral de los trabajadores mediante cámaras de videovigilancia, utilización de las imágenes para imponer medidas disciplinarias o justificar la procedencia del despido…
Con carácter general los particulares y empresas no pueden captar ni grabar con sus sistemas de videovigilancia, función reservada con limitaciones y garantías a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los organismos que gestionan el tráfico.
Este artículo hace un recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Agencia Española de Protección de Datos a la hora de instalar mecanismos de control laboral por parte de los empresarios.
Con la entrada en vigor el 5 de junio de 2014 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE 5 de abril) ha cambiando radicalmente la regulación legal para la instalación de cámaras de videovigilancia con fines de seguridad en las instalaciones, locales y propiedades de empresas, autónomos y particulares y el visionado de las imágenes captadas por las mismas.
En este artículo analizamos los límites a la utilización de tecnologías de control y monitorización con fines de control laboral.
En este post comparamos las diferencias interpretativas sobre la validez del uso de estos dispositivos, ya que las sentencias analizadas de los Tribunales Superiores de Justicia las dan por válidas, bajo ciertas limitaciones y requisitos, no siendo así en los procedimientos sancionadores de la Agencia Española de Protección de Datos que se mencionan.