Este artículo hace un recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Agencia Española de Protección de Datos a la hora de instalar mecanismos de control laboral por parte de los empresarios.
Con la entrada en vigor el 5 de junio de 2014 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE 5 de abril) ha cambiando radicalmente la regulación legal para la instalación de cámaras de videovigilancia con fines de seguridad en las instalaciones, locales y propiedades de empresas, autónomos y particulares y el visionado de las imágenes captadas por las mismas.
Y esto es así porque la STJUE de 13 de mayo de 2014 en el asunto C-131/12 Costeja y AEPD vs Google INC y Google Spain SL interpreta y utiliza los instrumentos legales establecidos en la Directiva 95/46CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, para reconocer un derecho denominado “al olvido”, que no es otra cosa que la conjunción del principio de calidad de los datos y el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de datos, ambos regulados en la mencionada Directiva.
En enero de 2012 tras varios años de estudio preliminar, la Comisión Europea presentaba su flamante propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos. El nuevo sistema normativo pretende superar a la vigente Directiva 95/46/CE cuyo marco jurídico ha quedado obsoleto con el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y no aporta soluciones eficaces para problemas específicos de las TIC, como son la transnacionalidad de los tratamientos, el derecho al olvido, el uso de las TICS por menores o la manera de obtener los consentimientos con los nuevos dispositivos y servicios electrónicos.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 12 un derecho de acceso a la información pública, que a primera vista parece que contradice lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
El denominado Big Data aplicado al sector de las tecnologías de la información y comunicación, puede ser definido como sistemas o herramientas que manejan ingentes cantidades de datos en un volumen y tiempo superior al del software habitual, permitiendo su almacenamiento, búsqueda, visualización, compartición, segmentación o análisis. En la misma línea está la definición dada por McKinsey Global Institute (MGI), que lo entiende como “conjuntos de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos”.
En este artículo analizamos la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/2014 en relación con una fotos de la actriz paseando con unas amigas por la playa.
En este post analizamos la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 7/2014 de 27 de enero (BOE 25 de febrero), que estima que unas fotos en actitud cariñosa en la vía pública carecen de interés informativo.
En este artículo analizamos los límites a la utilización de tecnologías de control y monitorización con fines de control laboral.
En este artículo destacamos las principales enmiendas aprobadas el 21 de octubre de 2013 por la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.