Control laboral de los trabajadores mediante cámaras de videovigilancia, utilización de las imágenes para imponer medidas disciplinarias o justificar la procedencia del despido…
Con carácter general los particulares y empresas no pueden captar ni grabar con sus sistemas de videovigilancia, función reservada con limitaciones y garantías a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los organismos que gestionan el tráfico.
Publicamos un nuevo artículo intentando dar pautas a la hora de conciliar la Ley de Transparencia con la LOPD, en este caso en relación con las entidades locales.
Este artículo que publicamos durante la tramitación del Reglamento europeo de protección de datos versa sobre la nueva figura de la responsabilidad o accountability.
El Titular de este artículo puede parecer “rocambolesco” pero define a la perfección la situación creada tras la reciente Sentencia 2844/2014 de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo de 16 de junio de 2014 que ha venido a alterar el estado de las cosas en lo que respecta a técnicas de monitorización y acceso al correo electrónico profesional del empleado, creando dos líneas jurisprudenciales diferentes a la hora de valorar la licitud de una prueba, lo que obligará con toda seguridad a rediseñar los protocolos, manuales, documentos y procedimientos internos relativos a la seguridad de la información y protección de datos.
Este artículo hace un recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Agencia Española de Protección de Datos a la hora de instalar mecanismos de control laboral por parte de los empresarios.
Con la entrada en vigor el 5 de junio de 2014 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE 5 de abril) ha cambiando radicalmente la regulación legal para la instalación de cámaras de videovigilancia con fines de seguridad en las instalaciones, locales y propiedades de empresas, autónomos y particulares y el visionado de las imágenes captadas por las mismas.
Y esto es así porque la STJUE de 13 de mayo de 2014 en el asunto C-131/12 Costeja y AEPD vs Google INC y Google Spain SL interpreta y utiliza los instrumentos legales establecidos en la Directiva 95/46CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, para reconocer un derecho denominado “al olvido”, que no es otra cosa que la conjunción del principio de calidad de los datos y el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de datos, ambos regulados en la mencionada Directiva.
En enero de 2012 tras varios años de estudio preliminar, la Comisión Europea presentaba su flamante propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos. El nuevo sistema normativo pretende superar a la vigente Directiva 95/46/CE cuyo marco jurídico ha quedado obsoleto con el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y no aporta soluciones eficaces para problemas específicos de las TIC, como son la transnacionalidad de los tratamientos, el derecho al olvido, el uso de las TICS por menores o la manera de obtener los consentimientos con los nuevos dispositivos y servicios electrónicos.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 12 un derecho de acceso a la información pública, que a primera vista parece que contradice lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.