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Prevención de blanqueo de capitales vs protección de datos

Fuente Pixabay CC0 Public Domain

La ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al establecer las medidas de control y diligencia debida que deben tener los sujetos obligados por esta normativa, (entendiendo por sujetos obligados aquellos que se encuentran regulados en su artículo 2º y los comerciantes de bienes en cuanto que una operación supere los 15.000 euros), crea una serie de obligaciones de registro y custodia de la documentación que genera este deber de control y por ello, obliga a crear unos ficheros con datos de carácter personal al sujeto obligado, que a lo largo de este artículo vamos a analizar. Igualmente, establece una serie de excepciones a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, que también serán objeto de estudio.

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Sistemas de denuncias anónimas en empresas (whistleblowing).

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  La Ley Sarbanes – Oxley de EEUU, exige a las sociedades estadounidenses que cotizan en bolsa y a sus filiales ubicadas en la Unión Europea, así como las sociedades no estadounidenses, que coticen en alguno de los mercados de valores Estados Unidos, que establezcan, en su comité de auditoría, “procedimientos para la recepción, retención y tratamiento de quejas recibidas por el causante en relación con la contabilidad, controles contables internos o cuestiones de auditoría; y la presentación confidencial y anónima por parte de los empleados de la persona causante de preocupación en relación con cuestiones contables o de auditoría cuestionables”.

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Contratación de servicios de Cloud Computing y protección de datos.

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Independientemente de si es gratuito o de pago y su modalidad (alojamiento, software, etc), cuando se utilicen estos servicios, debemos cumplir con una serie de obligaciones legales. Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos ha editado dos Guías informativas que dan a conocer estas obligaciones, una para los usuarios que los utilizan y otra para los prestadores de estos servicios.

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Protección de datos, Inspección de Hacienda e historias clínicas

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El punto de partida para la resolución de esta cuestión parte de la obligación que tiene toda persona física o jurídica de proporcionar a la Administración Tributaria datos, informes o antecedentes con “trascendencia tributaria” relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Es decir, la HC ¿puede ser considerada como un hecho con “trascendencia o relevancia tributaria?.

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