En este artículo justificamos la necesidad de regular por Ley la publicación de los mayores defraudadores con la AEAT, a raíz de las declaraciones del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en su intervención en el Senado el 13 de diciembre de 2012 .
Independientemente de si es gratuito o de pago y su modalidad (alojamiento, software, etc), cuando se utilicen estos servicios, debemos cumplir con una serie de obligaciones legales. Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos ha editado dos Guías informativas que dan a conocer estas obligaciones, una para los usuarios que los utilizan y otra para los prestadores de estos servicios.
El punto de partida para la resolución de esta cuestión parte de la obligación que tiene toda persona física o jurídica de proporcionar a la Administración Tributaria datos, informes o antecedentes con “trascendencia tributaria” relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Es decir, la HC ¿puede ser considerada como un hecho con “trascendencia o relevancia tributaria?.
Este artículo lo redactamos antes de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 asunto C-131/2012 Mario Costeja vs Google, cuestión que es necesario conocer de antemano, puesto que en caso contrario podría no entenerse la esencia que se pretendía trasmitir.
Este artículo fue redactado antes de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 asunto C-131/2012 Mario Costeja vs Google.
En este post comparamos las diferencias interpretativas sobre la validez del uso de estos dispositivos, ya que las sentencias analizadas de los Tribunales Superiores de Justicia las dan por válidas, bajo ciertas limitaciones y requisitos, no siendo así en los procedimientos sancionadores de la Agencia Española de Protección de Datos que se mencionan.